El Registro Civil uruguayo enfrentó a comienzos de este año un panorama complejo en cuanto a la gestión documental de extranjeros. Una acumulación de cerca de 28.000 expedientes trancados, entre solicitudes de nacionalidad y trámites administrativos, marcaba un cuello de botella que dificultaba la respuesta institucional y afectaba directamente a miles de personas que esperan regularizar su situación en el país. En tan solo cuatro meses, la Dirección logró reducir ese atraso en un 20%.
La situación ha estado desarrollándose durante años, admiten miembros de la administración, a causa de varios factores: el incremento continuo de extranjeros pidiendo ciudadanía o registros, la escasez de personal capacitado y la lentitud en los procesos de revisión de documentos. A esto se añadieron modificaciones en los criterios y métodos de verificación, resultando en un cuello de botella burocrático que dejó a decenas de miles de solicitudes pendientes de manera indefinida.
La llegada de una nueva gestión a la Dirección General del Registro Civil, encabezada por Eduardo Vítora, introdujo un plan de acción para destrabar la situación. El objetivo inmediato fue reducir la carga de expedientes, mejorar la eficiencia interna y agilizar los tiempos de respuesta. En apenas cuatro meses, las acciones implementadas lograron descongestionar cerca de 5.600 expedientes, una cifra que representa un avance del 20% respecto al total heredado.
Entre las medidas adoptadas se incluyó la reorganización del equipo técnico, la reasignación de funcionarios con experiencia en tramitación de nacionalidad y la incorporación de herramientas digitales para el seguimiento y control de expedientes. También se establecieron nuevos plazos internos y se reforzó la coordinación con otras instituciones que participan en los procesos, como la Dirección Nacional de Migración y el Ministerio de Educación y Cultura.
El foco principal estuvo puesto en los trámites de opción de nacionalidad, un derecho consagrado para los hijos de ciudadanos uruguayos nacidos en el exterior o para personas extranjeras con vínculos familiares directos en el país. Muchos de estos casos llevaban años en espera, pese a que en muchos aspectos los requisitos estaban cumplidos.
Según la administración actual, uno de los principales cuellos de botella estaba en la validación de documentación extranjera, un proceso que en ocasiones se torna lento debido a la diversidad de criterios consulares y a las dificultades para verificar actas emitidas en países con sistemas registrales precarios o conflictivos. Para atender esta situación, el Registro Civil comenzó a trabajar en una actualización de convenios bilaterales y en una cooperación más estrecha con embajadas acreditadas en Montevideo.
Otra línea de acción importante fue el trabajo conjunto con organizaciones de migrantes y la sociedad civil, que permitieron identificar los casos más urgentes y canalizar reclamos mediante mecanismos de atención directa. En este sentido, se abrieron canales específicos para el seguimiento de trámites demorados y se mejoró el acceso a la información sobre el estado de los expedientes.
Desde la Dirección se admite que el retraso sigue siendo significativo, pero se aprecia de manera favorable la dirección de mejora. La meta para el cierre de este año es disminuir en al menos un 50% el número total de trámites sin resolver. Para alcanzarlo, se están evaluando aumentos presupuestarios, la contratación de personal temporal y la automatización de algunos procesos esenciales, tales como las notificaciones y la asignación de citas.
La problemática de los expedientes detenidos impacta de forma significativa a individuos que requieren ejercer sus derechos esenciales, tales como obtener una cédula de identidad, un pasaporte, atención médica o registro educativo. En ciertos escenarios, los retrasos han causado daños específicos en el ámbito laboral o en la reunificación familiar.
El proceso de descongestión, según destacan desde el Registro Civil, no solo representa una mejora en términos de gestión pública, sino que también es una muestra del compromiso del Estado con la inclusión y el respeto a los derechos de la población migrante, que en los últimos años ha ido creciendo sostenidamente en Uruguay.
Con los primeros resultados en marcha, la administración actual busca consolidar una cultura institucional más ágil, proactiva y empática, que permita recuperar la confianza de los usuarios y garantizar un acceso equitativo a los servicios registrales para todos los ciudadanos, sin importar su origen.
