En una sentencia que señala un momento importante en la disputa legal y política que involucra al exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, una magistrada en Mercedes determinó que no hay barreras legales que impidan su retorno al puesto de intendente. La decisión también deniega la solicitud presentada por la fiscal del caso, quien había requerido que se notificara de manera inmediata a la Corte Electoral sobre la situación del antiguo funcionario, quien enfrenta medidas restrictivas de libertad.
El planteamiento de la fiscalía surgió luego de que Besozzi fuera imputado el pasado mes por abuso de funciones, en el marco de una investigación vinculada a presuntas irregularidades durante su anterior mandato. Como parte de las medidas cautelares impuestas, se le prohibió salir del país y acercarse a dependencias de la Intendencia, salvo autorización judicial. No obstante, el procesamiento no incluyó prisión preventiva ni inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La fiscal del caso entendió que la gravedad del proceso ameritaba que la Corte Electoral fuera notificada de manera inmediata, con el objetivo de prevenir una eventual asunción de Besozzi como intendente en caso de que su lista, perteneciente al Partido Nacional, resultara ganadora en los comicios departamentales. La jueza, sin embargo, desestimó ese argumento por considerar que no existe una obligación legal expresa que imponga tal comunicación, y sostuvo que cualquier decisión sobre su investidura deberá evaluarse en su momento según las condiciones del fallo judicial vigente.
En la resolución, se expresa que las medidas cautelares «no implican una inhabilitación para ejercer cargos electivos» y que, por tanto, el imputado conserva sus derechos políticos mientras no exista una sentencia condenatoria firme. Se aclara además que el procesamiento es parte de una etapa intermedia en el proceso penal, sujeta a evolución conforme se desarrolle la investigación.
La resolución judicial avivó la discusión sobre el alcance de las medidas cautelares en procedimientos penales donde están implicadas personalidades reconocidas. Algunos grupos critican que la legislación actual permita que individuos acusados de delitos sigan en sus puestos o aspiren a cargos públicos. Otros, por otro lado, respaldan el principio de presunción de inocencia y argumentan que cualquier limitación al ejercicio de los derechos políticos debe derivar de una sentencia judicial definitiva.
Desde el entorno político de Besozzi, se valoró positivamente la resolución, argumentando que la misma ratifica su derecho a ejercer un cargo para el que fue electo por votación popular. Voceros del Partido Nacional en Soriano sostuvieron que el fallo respalda la tesis de que no hay impedimentos legales para que Besozzi retome funciones si así lo decide el electorado.
El caso ha generado atención nacional debido a la proyección pública de Besozzi, quien ha sido una figura de peso en la política departamental durante los últimos años. Su procesamiento, ocurrido semanas antes de las elecciones internas, abrió un escenario inédito, en el que el sistema judicial y el sistema electoral convergen en una misma controversia.
En tanto, la investigación criminal avanza. El ministerio público sigue reuniendo evidencia sobre los supuestos abusos de autoridad vinculados a adjudicaciones directas y probables irregularidades administrativas en el manejo de la alcaldía. Personas allegadas al caso señalaron que se anticipan más declaraciones de testigos y análisis periciales que podrían prolongar el proceso por varios meses.
Por su parte, la Corte Electoral aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación, y se mantiene a la espera de los desarrollos judiciales. En caso de que la lista encabezada por Besozzi resulte victoriosa en las elecciones de octubre, se abrirá una nueva etapa de análisis jurídico y político sobre su eventual asunción y la compatibilidad entre las medidas judiciales y el ejercicio del cargo.
La resolución de la jueza deja en claro que, por el momento, no existe un impedimento legal para que Besozzi asuma como intendente, siempre que respete las condiciones impuestas. Sin embargo, también advierte que cualquier incumplimiento podría motivar la revisión de las medidas y nuevas disposiciones judiciales. El caso sigue abierto y en desarrollo.
